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Educación: 'revolución' sin cambio

posted May 15, 2011, 7:46 AM by Elección México   [ updated May 15, 2011, 9:51 AM ]

En la campaña del 2000, el PAN y su candidato presidencial Vicente Fox prometieron impulsar una "revolución educativa" como premisa fundamental de la alternancia que le proponían a los mexicanos. En 10 años, esa transformación no ha llegado aún a los salones de clase.

A pesar de los recursos invertidos y los compromisos pactados, la "revolución educativa" no cuajó.

Entre el año 2001 y el 2010 la inversión federal y estatal para educación básica alcanzó los 3 billones 167 mil millones, poco más de 30 puntos porcentuales del PIB.

El 90 por ciento de los recursos se destinaron a pagar los salarios de los trabajadores de la educación; también se canalizaron al mantenimiento y construcción de escuelas, la formación y capacitación de maestros en servicio, al equipamiento tecnológico y las reformas de educación preescolar y secundaria en el sexenio pasado, y primaria en esta administración.

En este sexenio incluso se destinaron recursos extraordinarios para el pago de estímulos salariales para los maestros y el Programa de Carrera Magisterial tuvo un crecimiento del 117 por ciento.

La creación de programas como Enciclomedia, Escuelas de Calidad y Formación Continua de Maestros incluso trascendieron la lógica sexenal. De ellos, Enciclomedia fue un escándalo por la manera en que se implementó y no demostró que contribuyera a mejorar la calidad de la educación.

A la par, se crearon 73 mil 117 plazas docentes para primaria, preescolar, telesecundaria, educación especial y física, y un millón 400 mil plazas de asignatura para los maestros de secundaria.

Los incrementos salariales para los maestros, en promedio anual, fueron del 8.8 por ciento incluidas prestaciones.

Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) negoció en el último año de la administración foxista un fondo de 41 mil millones de pesos para equiparar el sueldo de los docentes que trabajan en la zona económica 2, con los de la zona económica 3, denominada "de vida cara".

En estos 10 años se firmaron dos compromisos para mejorar la calidad de la educación entre el gobierno federal y el SNTE: el Compromiso Social por la Calidad de la Educación en 2002, y la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008.

La Conferencia Nacional de Gobernadores acordó en 2004 establecer una sola mesa nacional de negociación salarial, pues desde la descentralización educativa de 1993 las secciones sindicales del SNTE establecen una doble negociación con los gobernadores para incrementar sus prestaciones.

Un análisis del mapa salarial del 2006 reveló que, por 200 días de clases, hay maestros que reciben hasta 500 días de salario al año.

La doble negociación salarial incluso ha generado que haya maestros como los de Colima y Aguascalientes que perciben 515 y 505 días de salario, respectivamente; les siguen los del Estado de México, con 498 días, y Tabasco, con 495.5 días. Mientras que en el Distrito Federal reciben 460 días de salario.

Después de la alternancia del 2000, en el Congreso de la Unión se aprobaron 15 reformas legales y una constitucional, esta última para hacer obligatorios tres años de preescolar a partir del 2005.

Dichas modificaciones legales, a decir del especialista Víctor Espinoza del Colegio de la Frontera Norte, no han aterrizado en los salones de clase porque es imposible llevarlas a cabo.

Un ejemplo es la modificación de la Ley General de Educación que obliga a la Federación y los estados a invertir el 8 por ciento del PIB para educación, que a la fecha no ha superado la barrera del 6 por ciento.

Diez años después de la promesa de Fox, el PAN presume una mayor cobertura en los servicios de educación básica. Según el Censo 2010, la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela aumentó del 91.3 al 94.7 por ciento entre 2000 y 2010 y la de 15 a 24 años que se mantiene en la escuela pasó del 32.8 al 40.4 por ciento en el mismo lapso. La tasa de analfabetismo en personas mayores a 15 años se redujo del 9.5 al 6.9 por ciento en la misma década.

Pero que los alumnos aprendan sigue siendo un pendiente.

La generación de la transición

El gobierno de Fox recibió los resultados de la primera evaluación internacional que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través del Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés).

Los resultados revelaron que los gobiernos priistas habían dejado un sistema educativo donde cuatro de cada diez alumnos no comprendía lo que leía y cinco de cada diez no eran capaces de realizar tareas matemáticas elementales.

Al mismo tiempo, con la llegada del primer gobierno panista ingresó a las aulas la llamada "generación de la transición democrática", en el ciclo escolar 2001-2002.

Nueve años después, al concluir la secundaria, cuatro de cada diez estudiantes de esa generación egresaron sin comprender lo que leían y cinco de cada diez no sabían realizar tareas matemáticas elementales. Es decir, no se avanzó nada.

El especialista del ITAM, Eduardo Andere, señala que la pobreza conspira en contra de la mejora de los aprendizajes, pero reconoce que no compete de manera exclusiva a la SEP atenderla, sino al conjunto de las instituciones del Estado.

Asegura que el otro factor que conspira en contra del aprovechamiento escolar, ése sí responsabilidad exclusiva de la política educativa, es el esquema para formar y retener a los mejores maestros en las aulas.

"Lo que sí se hubiera podido hacer es erradicar el esquema actual de atracción y formación de maestros y no se necesita hacer otra cosa más que abrirlo a la competencia. Es decir, quitarle el monopolio de la formación de maestros de educación básica a las normales y permitir que cualquier otra institución pueda atraer y formar docentes; así como elevar radicalmente los requisitos de certificación de maestros, mediante instituciones y organizaciones independientes del gobierno y del sindicato", comenta.

El shock mexicano

En respuesta a los primeros resultados que se hicieron públicos sobre el aprovechamiento escolar, PISA 2000, el gobierno de Fox convocó a la firma del Compromiso Social por la Calidad de la Educación.

El compromiso fue firmado por el gobierno federal, los gobernadores, el Congreso de la Unión, las universidades, empresarios y padres de familia, y estableció, entre otros puntos, que las plazas de maestros, directores y supervisores se asignarían a través de concursos de oposición.

Los legisladores por su parte se comprometieron a destinar en el Presupuesto de Egresos al menos el 8 por ciento del PIB al financiamiento del sistema educativo nacional; mientras que las universidades acordaron fortalecer la vinculación entre la educación básica, media superior y superior para la formación y capacitación continua de maestros.

Los concursos para la asignación de plazas se quedaron en el camino.

El informe que presentó México a la OCDE (Atraer, formar y retener profesorado de calidad          ), a finales del sexenio, reveló que sólo en 13 entidades comenzaron a asignarse algunas plazas a través de concursos de oposición.

En la mayoría de los estados el SNTE siguió controlando el 50 por ciento de las plazas, amparado en el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Incluso en los pliegos generales de demandas del SNTE, que cada año negocia con la SEP, reclama que la contratación de personal se sujete a lo dispuesto al artículo 62 de la esa ley.

La asignación de recursos también se quedó corta.

Desde la modificación del artículo 25 de la Ley General de Educación en enero del 2005, hasta la fecha, nunca se ha asignado el 8 por ciento PIB al sector; el año que tuvo la inversión pública más alta, fue 2009 con 5.4 por ciento, de acuerdo con los informes de Hacienda.

En tanto, las universidades no lograron articular esfuerzos junto con la SEP para la capacitación y formación continua de maestros durante todo el sexenio de Fox.

Calderón aumenta concesiones al SNTE

Tras las elecciones del 2006, el entonces presidente electo Felipe Calderón se comprometió con el gremio magisterial a transformar el sistema educativo con el concurso de los maestros.

"A eso vengo, a proponerles y a pedirles a que juntos hagamos la transformación educativa que México necesita para el siglo XXI", señaló en una reunión llevada a cabo en julio, pocos días después de los polémicos comicios.

Calderón tomó posesión el 1o. de diciembre del 2006, y un año después la OCDE entregó los resultados de la prueba PISA 2006.

Los estudiantes mexicanos que salieron de la secundaria seguían en su mayoría sin mejorar su aprovechamiento escolar.

El 47 por ciento y el 56 por ciento se ubicó en el nivel 1 o por debajo de éste en Comprensión Lectora y Razonamiento Matemático, respectivamente.

Un año después el gobierno federal, a través de la SEP y el SNTE, volvieron a firmar un acuerdo (la Alianza por la Calidad de la Educación) en presencia de los gobernadores y el gabinete social, avalada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

En los últimos tres años, tras la firma de la Alianza, los recursos para mejorar las condiciones de trabajo de los maestros crecieron en un 32.4 por ciento, según cifras de la Secretaría de Hacienda, al pasar del 204 mil millones de pesos, a 270 mil millones.

Creció en 5 por ciento la planta docente, al pasar de 1 millón 105 mil maestros a 1 millón 164 mil; pero en paralelo aumentó en 43 por ciento el número de maestros que realizan funciones como Asesores Técnicos Pedagógicos, quienes fungen como apoyo a las prácticas pedagógicas de los docentes frente a grupo.

También aumentaron los recursos en materia de estímulos salariales, se creó un nuevo programa de Estímulos al Desempeño Docente, que a la fecha tiene 2 mil 577 millones de pesos y crecieron los recursos para la formación continua de maestros, en 253 por ciento.

Además, se incorporó a las universidades e instituciones de educación superior en el programa de Formación continua de maestros.

Alejandro Canales, especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (ISUE) de la UNAM, asegura que no existe una relación directa entre el gasto educativo y la mejora de la calidad.

"Si bien se han incrementado los recursos y se han sostenido algunos de sus programas e iniciativas, lo cierto es que la operación del sistema educativo ha seguido una conducción inercial sin establecer prioridades claras, ni correcciones oportunas y se ha caracterizado más bien por una simbiosis atípica entre la autoridad educativa y el sindicato de maestros, como lo dijo en su oportunidad el relator sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas (Vernor Muñoz)", explica.

Mientras que Ángel Díaz Barriga, investigador del ISUE, asegura que los avances de la Alianza no se reflejan en el aprovechamiento escolar, porque se redujeron las horas efectivas de clase ya que los maestros dedican parte de su jornada laboral a preparar a sus alumnos para la prueba ENLACE.

La prueba ENLACE comenzó aplicarse en el ciclo escolar 2005-2006 a todos los alumnos de 3o. a 6o. de primaria y 3o. de secundaria y se convirtió en el instrumento a través del cual se evalúa a los maestros para ingresar o promoverse dentro del Programa de Carrera Magisterial, y para la entrega de Estímulos al Desempeño Docente, un bono anual cercano a los 3 mil pesos en promedio.

A tres años de la firma de la Alianza, además, hay procesos y compromisos pactados que a la fecha no registran avances: la reforma del Programa de Carrera Magisterial, la evaluación y certificación de las competencias docentes; la asignación de plazas de directores a través de concursos de oposición; el sistema nacional de información educativa y el sistema nacional de evaluación.

¿Y los legisladores?

En el Congreso de la Unión la "revolución educativa" tampoco ha tenido un impulso efectivo.

"(Las reformas aprobadas) son formalidades puestas en papel, pero que no van acompañadas de infraestructura, recursos y voluntad para instrumentarlas; por ejemplo, se aprueba la obligatoriedad del preescolar, pero no se ofrece, porque no hay escuelas o maestros, entonces esa reforma se convierte en letra muerta", expresa Víctor Espinoza, especialista del Colegio de la Frontera Norte.

En la última década el Congreso aprobó 15 modificaciones legales y una constitucional en materia educativa.

La mayoría amplía los fines de la educación establecidos en el artículo 7o. de la Ley General de Educación (LGE); seis de ellas modifican el sistema de financiamiento, amplían la oferta educativa y buscan transparentar la información sobre maestros, alumnos y escuelas.

En noviembre de 2002 el Congreso aprobó la reforma al artículo 3o. constitucional, que hace obligatoria la educación preescolar.

Dos años después, en enero de 2005, se publicó la reforma al artículo 25 de la LGE para destinar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto del financiamiento público a la educación.

En junio de 2009 se publicó la reforma al artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal para que el Fondo de Aportaciones Múltiples –destinado a la construcción de infraestructura educativa– se pueda utilizar para pagar desayunos escolares, la asistencia social y programas de apoyo alimentario.

Las modificaciones al artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal de septiembre del 2007 cambiaron el esquema de financiamiento de la educación básica con una nueva fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.

Esta modificación pondera el gasto por alumno para distribuir los recursos que se transfieren a los Estados; sin embargo, diversos estudios realizados en el Grupo de Trabajo del FAEB del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), advierten que la fórmula es regresiva porque redistribuye recursos federales de los estados más pobres y con mayor población rural e indígena, a los estados más ricos.

Incluso señalan que la mayoría de los estados pierden recursos año con año con dicha distribución, de tal suerte que en una década 22 estados perderían 46 mil millones de pesos, los cuales serían redistribuidos a las restantes nueve entidades, entre ellas el Estado de México, Nuevo León y Jalisco.

En diciembre de 2007 se aprueba la ley que crea el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa con lo que desaparece el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.

Finalmente, en enero de 2011 fueron publicadas diversas reformas a la Ley General de Educación que entre otras cosas obliga a la creación un padrón nacional y 32 estatales, de maestros, alumnos y escuelas, así como de un sistema nacional de información educativa.

La creación de los padrones nacional y estatales de maestros quedó establecida en la ley luego de que desde el 2009 en los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobara transparentar la nómina magisterial que se cubre con recursos del FAEB.

En el 2010 se estableció que la SEP publicara en su página de internet la nómina magisterial y la actualizara cada trimestre.

A la fecha la información sólo recoge los primeros tres trimestres del año pasado e incluye listados del personal comisionado a funciones sindicales y pedagógicas, así como los maestros que son contratados por honorarios.

El resto de las reformas aprobadas son modificaciones al artículo 7o. de la LGE para ampliar los fines de la educación que imparte el Estado.

Derivado de estas modificaciones, los planes de estudio deberán incluir temas como la prevención de adicciones, la promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el desarrollo de la cultura de la paz, la promoción de los derechos humanos, el cooperativismo escolar y la prevención de la obesidad y el sobrepeso infantil.

El especialista de la UNAM Alejandro Canales concluye que las administraciones panistas no generaron un cambio importante en la política educativa.

"Continuaron las mismas líneas de acción, pocas iniciativas se han hecho manifiestas", señala, "el cambio más relevante de la política educativa de las administraciones panistas ha sido el nuevo tipo de relaciones entre los titulares de la SEP y la dirigencia magisterial".

Dicho cambio, advierte, consistió en ceder al SNTE parte de la responsabilidad que tiene el gobierno federal en la conducción del sistema educativo.

"La actual administración cedió parte de su responsabilidad en la conducción del sistema educativo; la inestabilidad en la titularidad de la SEP y los nombramientos han estado sujetos a la dinámica política más amplia, no a una preocupación por los resultados o el desempeño del sector", agrega.

Por Sonia del Valle y Martha Martínez, Periódico Reforma, 15 de Mayo del 2011

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