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Programa de Acción del PAN

Las exigencias impuestas por la evolución natural de la Nación y del mundo, el crecimiento del partido y su mayor penetración en la conciencia del pueblo mexicano, han hecho que Acción Nacional considere conveniente presentar a sus miembros y simpatizantes, y a la opinión pública del país, las proyecciones actuales que sus Principios de Doctrina arrojan sobre la situación política nacional e internacional.

Con este documento, Acción Nacional demuestra cómo en México es posible para una organización política, guardar fidelidad a principios fundamentales, sin perjuicio de aplicarlos eficazmente a situaciones históricas cambiantes, mediante la concepción dinámica de los mismos.

Persona

El ser humano es persona, con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones, y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.

Por su dignidad, los hombres –iguales por naturaleza– no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, grupos o instituciones privadas o públicas, con menoscabo de su propio destino temporal y eterno. Toda persona tiene derecho y obligación de ejercitar responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, para una mejor convivencia humana.

La convivencia justa, libre y ordenada, es medio necesario para el perfeccionamiento de la persona. Es por tanto obligación ineludible de todos, respetar la dignidad y la libertad de los demás y cooperar no sólo a la conservación, sino también al desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y sociales de la vida humana.

Política

Acción Nacional concibe la política –actividad humana indispensable y superior- no como oportunidad de dominio sobre los demás sino como capacidad y obligación de servir al hombre y a la comunidad. Corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que permita, en las circunstancias históricas concretas, la conservación y el incremento del bien común entendido no sólo como oportunidad personal, justa y real de acceso a los bienes humanos, sino también como el conjunto de valores morales, culturales y materiales, que han de conseguirse mediante la ayuda recíproca de los hombres, y que constituyen instrumentos necesarios para el perfeccionamiento personal de todos y cada uno de ellos en la convivencia.

Estado

El Estado, como sociedad política, requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad. Requiere también del recto ejercicio de la autoridad, que no es el mero dominio de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien común que simultáneamente implica la justicia, la seguridad, la defensa, el respeto y la protección de la persona y del bien colectivo. Por tanto, el Estado no debe desconocer los derechos esenciales de la persona y de las comunidades intermedias, ni erigir las decisiones del Poder en única fuente de derecho o en definición arbitraria del bien común.

Es indispensable el respeto a la división e integración legítima de los poderes, y el cumplimiento eficaz de las funciones que a cada uno de ellos competen, para que de las justas relaciones entre los mismos, resulte el necesario equilibrio en el ejercicio de la autoridad, dentro de un régimen de derecho. De la eficacia de un Estado de derecho en la vida de México, es particularmente responsable la justicia federal, cuyas funciones de Poder se ejercitan principalmente a través del control de la constitucionalidad de los actos de los demás poderes, que la Constitución Federal ha puesto en sus manos. La justicia debe impartirse en todos sus ramos, con dignidad, eficiencia y libertad, con posibilidades reales de ejercicio de las garantías constitucionales en todos sus niveles, especialmente en el de la justicia de barandilla o de paz –que generalmente se administra al margen de las mismas– y que es con la que diariamente

tienen contacto los grupos más desvalidos de la comunidad.

Orden internacional

La Nación mexicana es una realidad viva, con tradición propia, varias veces secular, y con elementos internos de unidad capaces de superar toda división en parcialidades, clases o grupos. Las peculiaridades propias del pueblo mexicano le permiten mantener una convivencia justa y pacífica con todos los miembros de la comunidad internacional, sobre bases de igualdad jurídica y respeto común. No es posible el orden internacional sin la normalidad política interna de los estados, que se estructura sobre la vigencia real de los derechos humanos y de la justicia social. La normalidad política interna exige que la actividad y las instituciones políticas estén organizadas para la realización del bien común y que la legitimidad de la autoridad se funde en la representación del pueblo expresada mediante el voto libre y respetado. Una concepción aislacionista de la soberanía que no tome en cuenta la convivencia universal ni los valores a cuya realización obliga la solidaridad humana, atribuye carácter necesario y definitivo a tendencias históricas mudables, se funda en el concepto equívoco de la suficiencia de los estados nacionales, ignora a las minorías étnicas, y desconoce la necesidad y obligatoriedad de un orden internacional justo y eficaz, cuya vigencia resulta inaplazable especialmente para la gran mayoría de los países que afrontan los problemas del desarrollo. Al término anacrónico de la soberanía que ignora que la sola convivencia entre los pueblos engendra obligaciones para todos ellos, corresponden conceptos desviados de la autodeterminación y de la no intervención. Ningún gobierno, estado o grupo de estados, pueden invocar la autodeterminación para exportar subversiones, para justificar la violación de derechos humanos en contra de sus propios pueblos o para cometer injusticias, mediante el abuso de su prepotencia militar o económica, en contra de otro estado o de la humanidad entera. No pueden condenarse las justas actuaciones de autoridades internacionales, imparciales, no unilaterales, competentes y previamente establecidas, en defensa de los derechos humanos, cuando las exijan el bien común de un pueblo o de toda la humanidad.

La paz internacional no es coexistencia precaria de fuerzas hostiles que por razones políticas o militares aplazan la realización de sus designios destructores, sino convivencia en la libertad, en la justicia, en la verdad y en la cooperación para bien de todas las naciones.

Democracia

La democracia requiere la participación eficaz de las personas en las actividades colectivas que condicionan su propio destino personal, porque la democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos, es la forma superior de legitimación del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana, que en lo material debe sostenerse en la suficiencia económica de todos, y en lo espiritual en la posibilidad real de acceso a los valores de la cultura y en el respeto a la libertad del hombre para responder ante su conciencia y ante Dios, del propio destino y del de sus semejantes. El Estado debe garantizar la libertad religiosa para que todas las personas puedan manifestar sus convicciones, individualmente y en común, en público y en privado, por la enseñanza, la predicación, el culto y el cumplimiento de los ritos.

En función de la solidaridad responsable del hombre en el destino de sus semejantes, toda persona tiene derecho y obligación de intervenir en los asuntos públicos de la comunidad política de que forma parte. Por eso, todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar mediante procedimientos electorales imparciales y objetivos, la expresión y representación de las minorías, los derechos del ciudadano para intervenir en el proceso de integración del gobierno al que vive sujeto y a formar parte del propio gobierno, y debe asegurar a los ciudadanos la libertad de información y su libertad de criticar a quienes ejercen el poder.

Partidos políticos

El pluralismo político, es decir, la diversidad de convicciones, tendencias e intereses políticos, impone la necesidad de la discusión y del diálogo entre los diversos grupos políticos, y entre ellos y el gobierno. La discusión y el diálogo que se basan en la sinceridad y en la verdad, son condiciones para conciliar la diversidad en la unidad, mediante el recto ejercicio del poder. Los partidos políticos representan las tendencias, convicciones y programas de los diversos grupos existentes en la comunidad y los esfuerzos organizados de los mismos para alcanzar o conservar el poder, lo cual presupone la existencia de posibilidades objetivas –legales y prácticas– debidamente garantizadas, de cumplir tales fines. En una democracia, ni en la teoría, ni en la práctica; deben identificarse el Estado o el gobierno, con un partido político. Por eso resulta inadmisible la existencia de un partido oficial, que mediante privilegios y con características inequívocas de dependencia administrativa, se mantiene en México para asegurar la continuidad de un grupo en el poder, con los pretextos de la estabilidad política, de la impreparación y subdesarrollo político del pueblo y de la necesidad de una eficacia gubernativa de la que el régimen pretende tener el monopolio.

A la creación de un orden justo y dinámico de gobierno para México, con responsabilidades para gobernantes y gobernados, deben concurrir la inteligencia y la voluntad de todas las personas que conviven dentro del Estado. Para cumplir este deber, Acción Nacional se organizó como partido político permanente, no con la finalidad única de quebrantar el monopolio del poder, sino para poner a disposición del pueblo mexicano un instrumento idóneo para presentar, dentro del proceso democrático, programas de gobierno y personas capaces de cumplirlos, distintos de los que autocráticamente impone el grupo en el poder.

Familia

La familia, comunidad de padres e hijos y unidad social natural básica, tiene influjo determinante en la sociedad entera. La familia tiene como fines naturales la continuación responsable de la especie humana; comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad, y proporcionar a sus miembros los bienes materiales y espirituales requeridos para una vida humana ordenada y suficiente. Por el rango de estos bienes y fines, corresponde a la familia la preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Éste tiene la función esencial de hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político justo. Es objetivo indispensable de la reforma social luchar por la suficiencia económica de la familia. Deben apoyarse las medidas políticas, económicas y sociales, justas y necesarias, para satisfacer esta exigencia mediante el trabajo. Cuando esto no sea posible, debe asegurarse el ingreso familiar suficiente, por razones de justicia y equidad, mediante transferencias sociales en favor de quienes se encuentren en condiciones objetivas de inferioridad, para hacer valer sus derechos y conseguir sus intereses legítimos.

Municipio

El municipio es la forma primera de la sociedad civil, con autoridades propias y funciones específicas, cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar a la comunidad los servicios básicos que la capacidad de las familias no alcanza a proporcionar.

El municipio, base de la organización política nacional, debe ser comunidad de vida y no simple circunscripción política, fuente y apoyo de libertad, de eficacia en el gobierno y de limpieza en la vida pública. El gobierno municipal debe tener autonomía política y recursos económicos propios, suficientes para cumplir sus fines. Por tanto, debe integrarse democráticamente y quedar sujeto de manera permanente a la vigilancia de los gobernados, sin interferencias de la

Federación o de los estados, que priven de recursos económicos a los municipios, violen su autonomía, mutilen sus funciones y fomenten la supervivencia del caciquismo. Para conciliar la autonomía del municipio con su integración en el sistema político nacional, se requiere el reconocimiento constitucional de las funciones municipales básicas, y la atribución de los recursos suficientes para cumplirlas. Los Ayuntamientos deben tener posibilidad constitucional de recurrir las leyes o actos de otras autoridades que lesionen la autonomía del municipio o le nieguen los medios necesarios para cumplir sus funciones.

Educación

La libertad de investigación y de opinión científica o filosófica, como toda libertad de pensamiento, no puede ser constreñida por el Estado. La libertad de expresión no puede tener otros límites jurídicos que los impuestos por las normas morales y por el bien común.

Es deber del Estado, pero nunca puede ser monopolio suyo, democratizar la educación, esto es, procurar a todos los miembros de la colectividad una oportunidad igual de educación, asegurarles por lo menos una educación básica, promover su elevación cultural y facilitarles su capacitación técnica de acuerdo con las necesidades del desarrollo. Contrarían estos principios la imposición por el Estado de textos únicos en cualquier grado de enseñanza, y el desconocimiento o limitación del derecho preferente de los padres para escoger, conforme a sus convicciones, el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

La actividad universitaria sólo puede cumplir propiamente su misión de conservar, acrecentar y difundir la cultura, si se desarrolla en un régimen de honradez intelectual, de disciplinada autonomía y de libertad de cátedra. El Estado debe proporcionar los medios económicos suficientes para que la universidad y los institutos de cultura superior cumplan sus fines, sin que por ello tenga derecho a limitar la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y las consecuentes facultades para la libre organización interna de las instituciones. El presupuesto que el Estado destine a la enseñanza en todos sus grados, debe ser objeto de una justa y racional distribución, atendiendo a las necesidades regionales y a las de los diversos sectores de la población. Tanto en el caso de la enseñanza técnica, como en el de la enseñanza universitaria, debe promoverse el establecimiento y fortalecimiento de los institutos y universidades de provincia.

Trabajo

Toda persona apta para el trabajo debe tener oportunidad constante de realizarlo. Con paridad de derechos y obligaciones con el hombre, la mujer tiene derecho a condiciones de trabajo conformes con las exigencias de su sexo y con sus deberes de esposa y de madre. Todo trabajo socialmente útil debe tener la retribución justa que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente una familia, con posibilidades reales de mejoramiento.

El Estado tiene el deber de urgir las actividades y de crear o fomentar las instituciones necesarias para garantizar el cumplimiento de estos principios y para evitar con gestión oportuna, o para resolver con justicia eficaz, los conflictos por razón de trabajo. Debe promoverse la creciente integración en el funcionamiento, en la propiedad, en las ganancias y en las decisiones de la empresa, de todos los que en ella colaboran con inteligencia, mano de obra o capital, con el fin de llegar a tipos de empresa organizados de tal manera que todos participen equitativamente de sus beneficios, al mismo tiempo que procuren transformarla en una auténtica comunidad de vida y de trabajo y en un servicio eficiente para responder a las necesidades de la colectividad.

El Estado debe respetar la libertad de los campesinos, trabajadores, profesionistas y empresarios, para organizarse en defensa de sus intereses. Los sindicatos y en general todas las organizaciones formadas por razón de ocupación o de trabajo, tienen derecho de actuar en la vida pública para gestionar, frente al Estado y a la opinión, las medidas generales o particulares que reclamen el bien común o el interés profesional de sus agremiados y de recomendar las opciones electorales que consideren más convenientes para los mismos; pero deben abstenerse de actuar directamente en cuestiones políticas, principalmente en las electorales, y respetar la libertad y los derechos políticos de sus miembros. Deben conservarse y promoverse económica y técnicamente, la empresa artesana y la agrícola de dimensiones familiares, y dotarlas de un régimen jurídico para el cumplimiento de sus fines.

Economía

Como actividad cultural de sustentación humana, la economía debe armonizar dinámicamente las necesidades de la persona, con la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que las satisfacen, y así crear o mantener para el hombre, una base material estable y suficiente para la realización de la libertad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Aún cuando la actividad económica tiene por objeto bienes materiales, por ser una labor al servicio del hombre, debe estar sometida a la ley moral y a los fines y valores permanentes de la vida humana. No cumple los fines de la economía el simple aumento cuantitativo o cualitativo de las cosas, a expensas de la justicia en la distribución del producto de la cooperación social, o de las libertades y derechos de las personas y de las comunidades. La iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social. El Estado debe promover su mejor y más ordenado desenvolvimiento y garantizarlo. En donde la iniciativa privada sea imposible o insuficiente, el Estado ha de urgir la organización de actividades sociales, sin matar, estorbar ni desplazar esa iniciativa, pues en estos casos, la acción administrativa oficial resulta agotante y destructora. El desarrollo económico debe formar parte de un esfuerzo de elevación humana completa, en el que deben armonizarse y complementarse recíprocamente los aspectos materiales y espirituales. Es inaceptable utilizar el incremento de los bienes materiales, como pretexto o instrumento de esclavización y degradación humana, para suprimir la libertad y los derechos del hombre. Desde el punto de vista económico, la planeación debe concertar la libertad y la iniciativa individual, con una orientación común del desarrollo. Por eso, la planeación no debe ser un disfraz económico del control político, sino un esfuerzo nacional de previsión del futuro, fijación realista de metas y de medios económicos y sociales, y expresión de la voluntad común de desarrollo mediante una acción concertada de todos los sectores de actividad económica y no solamente del gobierno.

Justicia social

Como justicia del bien común, la justicia social se realiza mediante el ejercicio y la defensa de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones recíprocas, especialmente en las relaciones de la persona y los grupos sociales con la autoridad y de los grupos sociales entre sí.

La justicia social tiene por objeto, con fundamento en la igualdad esencial y en la solidaridad de los hombres, promover el acceso de los mismos –particularmente de los núcleos más desvalidos de la sociedad, o de quienes viven en zonas económicamente menos desarrolladas– a los bienes materiales y espirituales suficientes para que la comunidad viva de la manera más justa, equitativa y equilibrada que sea posible, con respeto para la libertad personal y para la dignidad humana. En México, las exigencias de la justicia social son especialmente apremiantes respecto al sector agrícola. El problema del campo no sólo es primordial en nuestra economía, sino ante todo un problema de elevación humana. Es necesario incrementar la productividad del trabajo y de los recursos dedicados a la actividad económica en el campo, y promover no sólo las expectativas, sino la elevación real del género y nivel de vida de la población rural, sin buscar a cambio de ello, ni la sumisión política ni la explotación económica de la misma. Para este fin se requieren el estímulo a la iniciativa y el respeto a la libertad de los campesinos; la seguridad en la propiedad de la tierra; la extensión al campo de los sistemas de seguridad social; el desarrollo de servicios esenciales tales como agua, comunicaciones, transportes, asistencia sanitaria, instrucción básica y técnica y diversiones; sistemas equitativos de tributación; créditos adecuados y asistencia técnica y, en general, la aplicación de las medidas económicas y técnicas que aseguren la suficiencia económica y humana de los campesinos y el desplazamiento ordenado de la población rural excedente a otros sectores de la actividad económica.

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